Mujeres en situación de movilidad forzada y exilio en Costa Rica: brechas de género, derechos y acceso a la educación superior
Plantea acciones en materia migratoria, educativa, laboral, de salud y prevención de la discriminación.
San José, Costa Rica, 22 de septiembre de 2026. — La Red Internacional de Derechos Humanos y Educación Superior (RIDHE), junto con Universidad Central, Educación en Emergencia, Cámara Costarricense de Pymes y Fundación Mujer, presentó este lunes los resultados de la investigación “Mujeres en situación de movilidad forzada y exilio en Costa Rica: brechas de género, derechos y acceso a la educación superior”, un diagnóstico que analiza las condiciones y obstáculos que enfrentan mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Las organizaciones participantes aparecen identificadas en la presentación oficial del diagnóstico.
El estudio busca comprender las barreras estructurales, institucionales, económicas, socioculturales y personales que condicionan el acceso, permanencia y finalización de estudios superiores o técnicos, la inserción laboral digna y el acceso a servicios de salud física y psicológica, considerando también la situación migratoria, condición étnica y lingüística de las participantes.
La presentación realizada este 22 de septiembre permitió poner sobre la mesa no solamente cifras sobre la población migrante, sino también las experiencias de mujeres que han debido reconstruir sus proyectos educativos, profesionales, familiares y personales después de trasladarse a Costa Rica.
Una investigación basada en las experiencias de las mujeres
El diagnóstico se construyó mediante un enfoque mixto, combinando información cuantitativa y cualitativa. La metodología contempló encuestas, grupos focales y revisión documental, y la presentación del estudio señala específicamente el análisis de la realidad de las mujeres migrantes en Costa Rica.
Entre los objetivos específicos estuvieron identificar el perfil educativo y laboral previo y actual de las mujeres participantes, reconocer las brechas existentes para acceder a educación superior o técnica, documentar el impacto psicosocial del exilio y evaluar la relación entre el estatus migratorio y las oportunidades educativas y laborales disponibles en Costa Rica.
Los resultados muestran una población con una importante base educativa. Un 22% de las participantes reportó secundaria completa, un 20% estudios universitarios completos y un 16% estudios universitarios incompletos, lo que evidencia la presencia de mujeres con niveles educativos medios y altos que buscan continuar sus procesos de formación e integración laboral en Costa Rica.
La situación migratoria incide en el acceso a otras oportunidades
Uno de los principales elementos identificados por el estudio es la relación entre la condición migratoria y el acceso efectivo a educación, empleo y otros servicios.
De las mujeres participantes, un 28% se encontraba como solicitante de refugio, un 27% contaba con residencia permanente y un 21% tenía la condición de persona refugiada reconocida.
A esto se suma una importante brecha en materia de información. El 59% de las mujeres consultadas manifestó conocer poco sobre sus derechos migratorios, frente a un 22% que indicó conocer bastante sobre ellos.
Entre los obstáculos institucionales, administrativos y normativos señalados aparecen los procesos lentos para regularizar la situación migratoria, mencionados por un 27%; las restricciones para acceder a empleo formal, con un 25%; el desconocimiento de trámites migratorios, con un 18%; y la falta de documentos para matrícula educativa, con un 17%.
El informe plantea, por tanto, que las dificultades documentales y administrativas pueden extender sus efectos mucho más allá de un trámite migratorio, al incidir también sobre la posibilidad de estudiar, incorporarse al empleo formal y desarrollar un proyecto de vida en el país.
Educación: costos, documentos y reconocimiento de estudios
El acceso y permanencia en la educación constituye otro de los principales ejes de la investigación.
Uno de los hallazgos señala que más de la mitad de las participantes experimenta, con distintos niveles de frecuencia, dificultades relacionadas con la comprensión de los trámites académicos, situación asociada a factores como la complejidad de los procedimientos, el lenguaje técnico y el acceso limitado a información clara.
El reconocimiento de los estudios realizados en Nicaragua también representa un reto. Según el diagnóstico, un 37% indicó no disponer de certificados o títulos académicos expedidos en su país de origen, mientras que un 41% señaló contar con ellos, pero sin apostillar; solamente un 22% manifestó disponer de documentos apostillados.
El estudio identifica además el componente económico como una de las principales limitaciones para continuar estudiando. Los costos asociados al transporte, vivienda, materiales y otros gastos alcanzan un 47% de las menciones entre las barreras para continuar los estudios, seguidos por la falta de tiempo, el no reconocimiento de títulos y la falta de información.
Esto cobra especial importancia porque, según las experiencias recopiladas en los grupos focales, la educación es vista por muchas de las participantes como una herramienta para reconstruir su proyecto de vida y avanzar hacia mayores niveles de autonomía e independencia económica.

Mujeres con formación que trabajan en áreas distintas a su experiencia
En materia laboral, uno de los resultados más relevantes del diagnóstico es la distancia existente entre las capacidades profesionales de las mujeres participantes y las oportunidades laborales a las que logran acceder en Costa Rica.
El 62% manifestó que su trabajo no está relacionado con su experiencia laboral o formación académica previa. Otro 28% indicó que existe una relación parcial y solamente un 10% señaló una correspondencia total.
Para el estudio, estos resultados reflejan un proceso de desaprovechamiento del capital humano y profesional, debido a que mujeres con conocimientos, experiencia y formación previa terminan desempeñándose en actividades diferentes a aquellas para las que se prepararon.
Entre las principales barreras señaladas para acceder a un empleo digno se encuentran la falta de reconocimiento de estudios y la falta de oportunidades, ambas con un 23%; la falta de documentos, con un 20%; y la falta de reconocimiento de la experiencia laboral, con un 19%.
El informe advierte que estas condiciones pueden favorecer procesos de subempleo, informalidad laboral y precarización, al impedir que las mujeres accedan a ocupaciones acordes con sus conocimientos y experiencia.
Además, el diagnóstico recoge experiencias relacionadas con discriminación laboral. La presentación señala que un 46% de las participantes reportó haber experimentado discriminación laboral, un resultado que debe analizarse en conjunto con las dificultades de acceso al empleo formal y la limitada correspondencia entre las ocupaciones desempeñadas y la formación previa.
Salud y bienestar también forman parte del diagnóstico
La investigación incorporó además el acceso a servicios de salud y las condiciones de bienestar físico, emocional y social de las mujeres participantes.
En este ámbito, el 64% indicó no contar con acceso regular a los servicios de salud, frente a un 36% que respondió afirmativamente. El estudio destaca la importancia de este acceso para garantizar atención preventiva, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, particularmente ante los desafíos asociados a los procesos de movilidad humana y las condiciones de vulnerabilidad.
Las propuestas recopiladas en esta materia se orientan a garantizar el acceso a los servicios, mejorar la información sobre derechos y mecanismos de atención y reducir las barreras relacionadas con la condición migratoria.
Una cadena de barreras que se alimentan entre sí
Uno de los principales aportes del diagnóstico es mostrar que las dificultades identificadas no ocurren de manera aislada.
El análisis de los grupos focales identifica una cadena en la que la situación migratoria puede generar dificultades documentales; estas dificultan el reconocimiento de estudios; ello limita el acceso a determinados empleos; la necesidad de generar ingresos se combina posteriormente con responsabilidades familiares y termina reduciendo las posibilidades de estudiar o permanecer dentro del sistema educativo.
A estos factores se suman situaciones como xenofobia, falta de redes de apoyo, necesidad de adquirir experiencia laboral local y dificultades económicas.
Sin embargo, las experiencias recopiladas muestran también las estrategias desarrolladas por las participantes para enfrentar estas condiciones, incluyendo emprendimiento, formación técnica, búsqueda de becas, participación en organizaciones, trabajo voluntario y continuidad de sus estudios.
Cinco áreas prioritarias para generar soluciones
Además de diagnosticar la situación, el estudio sistematiza las propuestas expresadas por las propias mujeres participantes y las agrupa alrededor de cinco dimensiones principales.
En situación migratoria, las propuestas se concentran en agilizar los procesos de regularización, facilitar el acceso al DIMEX, reconocer efectivamente la condición de refugio, garantizar la confidencialidad, combatir la xenofobia y brindar mayor información sobre derechos.
En educación, se plantea ampliar el acceso a becas, facilitar la homologación y validación de estudios, reducir requisitos documentales, desarrollar programas educativos flexibles y fortalecer las alianzas con universidades e instituciones educativas.
En empleo, las participantes plantean reconocer la experiencia adquirida previamente, facilitar el acceso al empleo formal, reducir las barreras asociadas a la exigencia de experiencia local, generar oportunidades de capacitación y pasantías y fortalecer los emprendimientos.
Para salud, las propuestas apuntan hacia un acceso más amplio a servicios, mayor información sobre derechos y mecanismos de atención y reducción de las barreras vinculadas con la situación migratoria.
Finalmente, en materia de prevención de violencia y discriminación, se proponen protocolos frente al acoso, campañas contra la xenofobia, sensibilización institucional y fortalecimiento de la defensa de derechos.

De la investigación a la articulación institucional
El estudio concluye que estas cinco dimensiones —situación migratoria, educación, empleo, salud y prevención de la violencia— son interdependientes y requieren respuestas articuladas.
La situación migratoria aparece como una condición transversal que puede facilitar o limitar el acceso a otros derechos. A su vez, las dificultades para obtener o reconocer documentos afectan las posibilidades de estudiar y trabajar, mientras que la precariedad económica puede dificultar la continuidad educativa y el acceso a determinados servicios.
Por esta razón, las propuestas derivadas de la investigación apuntan hacia una mayor coordinación entre instituciones públicas, sector educativo, organizaciones sociales, sector empresarial y otros actores capaces de generar oportunidades concretas.
Entre las líneas de intervención identificadas se encuentran la regularización y ejercicio efectivo de derechos, inclusión y continuidad educativa, inserción laboral y reconocimiento de competencias, además de acciones relacionadas con salud y prevención de la discriminación.
La presentación de este diagnóstico busca así trascender la exposición de cifras y convertirse en un insumo para la discusión y construcción de iniciativas que permitan aprovechar las capacidades, conocimientos y experiencia de mujeres que actualmente reconstruyen sus proyectos de vida en Costa Rica.
Sobre la investigación
“Mujeres en situación de movilidad forzada y exilio en Costa Rica: brechas de género, derechos y acceso a la educación superior” es una investigación presentada en septiembre de 2026 que analiza las experiencias de mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, particularmente las barreras relacionadas con educación superior y técnica, inserción laboral y acceso a servicios de salud física y psicológica.
La presentación oficial identifica la participación de RIDHE, Educación en Emergencia, Cámara Costarricense de Pymes, Universidad Central y Fundación Mujer, organizaciones vinculadas al proceso presentado este 22 de septiembre.Contacto de prensa:
Adrián Morazán Jiménez
Vicepresidente de la Cámara Costarricense de Pymes
amorazan@simetriadigital.cr
Tel: 8712-2561


